Tras una larga y profunda polémica ha llegado la respuesta del Tribunal Supremo: Educación para la Ciudadanía es una asignatura más de nuestro sistema educativo y, como tal, obligatoria para todos los estudiantes. El movimiento de objeción de conciencia, promovido a través de varias organizaciones, ha quedado de esta manera frenado. Al menos, de momento. El tiempo dirá si las organizaciones que han luchado contra la implantación de esta nueva asignatura de la LOE siguen en sus trece. Por ahora, el fallo del Tribunal Supremo es muy claro: EpC es una materia incluida en la Ley Orgánica de Educación que fue aprobada por mayoría absoluta por el parlamento español y que, por tanto, ningún gobierno autonómico puede incumplir. Pese a que el debate ha sido intenso en la Sala de lo Contencioso del alto Tribunal, el fallo consiguió un alto consenso: veintidós votos a favor y siete en contra.
La reacción del Ministerio de Educación en estos días ha sido tajante: ''El fallo demuestra que no eran ciertas las descalificaciones y manipulaciones que se han hecho sobre EpC y que no hay lugar para la objeción, porque no hay nada en ella que invada derechos fundamentales de los estudiantes''. En su comunicado, el Ministerio de Educación aprovecha para lanzar un mensaje a todas las organizaciones, sindicatos y grupos sociales que han mantenido una actitud beligerante hacia la asignatura y ataques directos hacia la política educativa gubernamental. En un vídeo-comunicado, disponible en la web www.mepsyd.es, la ministra Mercedes Cabrera lamenta ''el debate irreal que se ha vivido y el tiempo perdido en el asunto, y asegura que se impulsarán todas las acciones posibles para que los niños puedan recuperar todos los conocimientos que no han recibido en estos meses de ausencia en el aula''.
Las reacciones han sido de muy diversa índole. Como cabía esperar, quienes apoyaron la implantación de la asignatura ven ahora el fallo del Supremo como un importante triunfo. El que el alto tribunal haya desestimado los recursos de estos colectivos de padres significa el final de un largo enfrentamiento. Se han gastado ríos de tinta en un debate que ha enfrentado (como hacía años que no sucedía) al sector. La Confederación Española de Padres de Alumnos (CEAPA), mayoritaria en los centros públicos, ha respaldo desde un principio esta asignatura por considerar que ''es capaz de trasmitir a todos los niños valores comprendidos en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y educa en el funcionamiento de los derechos democráticos, el respeto a los bienes comunes, al medio ambiente o a la diversidad cultural y religiosa''. Argumentos parecidos ha defendido el sindicato de profesores FETE-UGT, al considerar que el programa de la asignatura ''responde a los objetivos marcados por Naciones Unidas y por el Consejo de Europa en materia de Educación''. No obstante, en su comunicado augura que ''los iniciadores del conflicto no se conformarán y seguirán haciendo ruido para mantener la polémica''.
Las organizaciones que han defendido y defienden la objeción de conciencia en EpC se muestran decepcionadas, pero cautelosas. Sus portavoces aseguran que ''aún faltan muchos datos sobre la sentencia para valorarla en su conjunto, y que será un proceso complejo y lleno de matices''. Sus argumentos se amparan en que han sido necesarios dos días y medio de debate en el alto tribunal para llegar a una decisión. Y no descartan acciones de cara al futuro, o bien ante el Tribunal Constitucional o ante altas instancias internacionales. Queda claro que se ha clausurado una etapa para la asignatura. Queda la decepción de quienes esperaban del Supremo otros resultados y la enorme satisfacción de quienes han defendido desde un principio la necesidad de que Educación para la Ciudadanía se imparta en nuestros centros educativos. Queda por ver cuáles serán las reacciones en las diferentes comunidades autónomas, especialmente en las que la consejería correspondiente ha aceptado los procesos de objeción de conciencia. Y queda por ver cuántos libros de texto se recurrirán, por excederse en los objetivos y contenidos marcados por la materia. Quizá sea ese el verdadero quid de la cuestión: vigilar lo contenidos desproporcionados de algunos libros de texto. Nos habríamos evitado una polémica demasiado larga y costosa para el sistema educativo.
