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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Y LOS DERECHOS HUMANOS
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Educación para la ciudadanía y transmisión de valores
Francesc Torralba Roselló

El autor muestra cómo la EpC puede ser una posibilidad y una oportunidad de primer orden para transmitir valores esenciales para la convivencia democrática.

Francesc Torralba Roselló

Profesor Titular de Filosofía de la Universidad Ramon Llull, miembro investigador del Institut Borja de Bioética y Jefe Académico de la Cátedra Ramon Llull-Blanquerna. Es director del anuario Ars Brevis y miembro del Comité de Ética Asistencial del Hospital San Rafael de Barcelona.

 

 

La puesta en marcha de la nueva Ley de educación genera perplejidades, tensiones y, en ocasiones, actitudes maximalistas que, a nuestro juicio, no permiten una comprensión adecuada de las posibilidades y de los desafíos inherentes al nuevo marco legislativo. No resulta fácil adoptar una actitud ponderada que trascienda los partidismos políticos y los sectarismos ideológicos que atizan la polémica y que vaya hacia lo que debería ser una reflexión de orden intelectual.

Se observa que, más allá del contenido formal y material de la Ley, ésta se defiende o se ataca solamente por el hecho de que haya sido pensada y articulada por un determinado partido político. Esta visión sesgada por el prejuicio y el estigma imposibilita cualquier acercamiento ponderado a la cuestión. Da la impresión que si uno la defiende, se sitúa a favor del gobierno de turno y de todo lo que hace, mientras que si uno se atreve a poner en entredicho algunos de sus contenidos, es tildado, fácilmente, de reaccionario anacrónico.

La comunidad educativa está, en cualquier caso, desanimada, sufre un escepticismo difícil de curar, fruto de la permanente inestabilidad del sistema educativo de nuestro país y de la tendencia tan habitual a colonizar el espacio formativo con propuestas políticas cargadas de ideología.

No deja de ser significativo este reiterado intento, tanto por unos como por otros, de entrometerse en el mundo de la educación y de vulnerar la autonomía de los educadores en la tarea de formar no solo la de los padres que son los principales agentes educativos, sino también la de los maestros y profesores que tienen libertad de cátedra a la hora de enseñar. Lo que realmente es necesario en nuestro país es un pacto fundamental en materia de educación que garantice la estabilidad y que evite estas injerencias y colonizaciones del espacio educativo tan recurrentes en los dos últimos decenios.

Una oportunidad para transmitir valores

La nueva Ley es, por un lado, una oportunidad, pero, por otro, es un desafío. No se trata, ahora, de llevar a cabo una hermenéutica de la misma, ni tampoco de señalar sus puntos frágiles (que los hay) ni sus puntos fuertes (que también los hay), sino que deseamos mostrar cómo la educación para la ciudadanía, una de las novedades de la Ley, puede ser, a pesar de todas las críticas que se generan en torno a ella, una posibilidad y una oportunidad de primer orden para transmitir valores esenciales para la convivencia democrática.

 ?La Ley debe respetar la autonomía de la institución escolar y, naturalmente, la del educador?

Vayamos, primero, el texto de la Ley. En el Preámbulo a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE) (BOE, 4 de mayo de 2006), se afirma: ?Una de las novedades de la Ley consiste en situar la preocupación por la educación para la ciudadanía en un lugar muy destacado del conjunto de las actividades educativas y en la introducción de nuevos contenidos referidos a esta educación que, con diferentes denominaciones, de acuerdo con la naturaleza de los contenidos y las edades de los alumnos, se impartirá en algunos cursos de la educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato. Su finalidad consiste en ofrecer a todos los estudiantes un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de los principios y derechos establecidos en la Constitución española y en los tratados y declaraciones de los derechos humanos, así como de valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global?.

Y se añade: ?Esta educación, cuyos contenidos no pueden considerarse en ningún caso alternativos o sustitutorios de la enseñanza religiosa, no entra en contradicción con la práctica democrática que debe inspirar el conjunto de la vida escolar y que ha de desarrollarse como parte de la educación en valores con carácter transversal a todas las actividades escolares. La nueva materia permitirá profundizar en algunos aspectos relativos a nuestra vida en común, contribuyendo a formar a los nuevos ciudadanos?.

En el mismo Preámbulo de la nueva ley, se manifiesta la relevancia que tiene la educación axiológica o transmisión de valores: ?Ocupa un lugar relevante, en la relación de principios de la educación, la transmisión de aquellos valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común?.

También se explicita en el Título preliminar (Capítulo I, Principios y fines de la educación), la transmisión de valores como unos de los principios que debe regir el sistema educativo. Se afirma textualmente que dicho sistema de inspira en ?la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como ayuden a superar cualquier tipo de discriminación?.

En varias monografías he tenido ocasión de mostrar cómo la educación en valores no depende, ni puede depender únicamente de una materia, sino que se debe articular de un modo transversal. Esta transmisión requiere de pretextos, donde sea posible comunicar al educando hábitos y horizontes de referencia fundamentales para edificar correctamente su personalidad moral. La ley contempla la educación en valores de un modo transversal y especifica cuáles son los valores que se pretenden transmitir. En esencia, son los que están contenidos en el núcleo duro de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948). La nueva materia curricular puede ser una ocasión de primer orden para que el educando conozca el espíritu y la letra de la Declaración y también los principios que rigen y fundamentan la Carta Magna de nuestro país. No me parece insensato que se insista en tales textos, pues, a juzgar por la experiencia, una gran mayoría de universitarios de nuestro entorno, desconocen totalmente estos textos fundacionales de nuestras democracias modernas.

Educar en valores: tarea de todos

Se puede, naturalmente, discutir el orden axiológico que propone la Ley. Se puede discutir, además, en torno a quiénes son los responsables últimos de la transmisión de valores y cómo se debe lidiar cuando los valores que se transmiten en la esfera familiar no se corresponden con los valores que se tratan de inculcar en el marco escolar. Sobre este punto tan delicado, la Ley no toma postura. Desde mi punto de vista, corresponde a los padres determinar qué valores se deben transmitir a los hijos y qué prioridad debe tener esa pirámide axiológica, pero es esencial, a pesar de todo, hallar puntos de encuentro con la institución escolar y garantizar esa constelación de valores mínimos que constituyen el sustrato prepolítico de nuestro vida social, democrática y libre.

 ?La Ley propone una constelación de valores, pero cada institución deberá llenar de contenido tales valores y articularlos según su propia singularidad e ideario.?

La educación para la ciudadanía puede ser una perfecta ocasión para pensar y reflexionar sobre determinados valores como la igualdad, la libertad, la tolerancia, la solidaridad, la ecosensibilidad. Esta reflexión dependerá, sustantivamente, de la habilidad, capacidad e inteligencia del docente. En este punto particular, la Ley debe respetar la autonomía de la institución escolar y, naturalmente, la del educador. A nadie se el escapa que hay distintos modos de comprender el valor de la libertad, los límites de la tolerancia o la sensibilidad medioambiental. La Ley propone una constelación de valores, pero no los define y menos aún puede activar mecanismos de fiscalización. En este sentido, cada institución deberá llenar de contenido tales valores y articularlos según su propia singularidad e ideario.

No podemos desaprovechar la oportunidad de transmitir valores y hábitos perfectivos a los educandos. Sea a través de una actividad deportiva, musical, intelectual o puramente lúdica, la transmisión es un deber del educador y en él se juega su autoridad moral. Además de esos valores que constituyen el sustrato de la vida democrática, cada institución escolar tiene el derecho y la oportunidad de transmitir esos valores que también son esenciales para la configuración de la personalidad moral del educando. No creo que éstos y aquéllos tengan que entrar necesariamente en contradicción. Me parece más sensato hablar de complementariedad y de síntesis.

En definitiva, la Ley, por sí misma, no puede garantizar la transmisión de valores, puesto que eso depende, fundamentalmente de la dedicación, la pericia, la coherencia y la habilidad del educador. En un país como el nuestro, tan dado a la discusión visceral, tan poco cultivado en la tradición democrática, una materia como ésta no puede redimirnos de todos los males, pero puede, a pesar de los políticos, ser un buen pretexto para formar ciudadanos responsables y cultivar virtudes públicas.